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Sobre las Carreteras Concesionadas

Posted by codemat en 2 diciembre, 2010

Noviembre/2.008.- ( carta enviada al Sr. Director , Diario “La Estrella de Iquique” y que no fue publicada).

LA PRIVATIZACION DE CARRETERAS EN NUESTRA REGION

Nos sorprende el anuncio de las autoridades regionales, sobre la inminente concesión el 2.009, a empresas privadas de las rutas A_16 (Iquique – Carretera Panamericana) y A-1 (Iquique-Aeropuerto), las que consideran la construcción de una doble calzada para ambas carreteras, y el pago de unos $28 por kilómetro recorrido, en promedio unos $1.300 por peaje. En aras del “desarrollo y progreso de la Región”, según palabras del Sr. Intendente, este gran negocio carretero se concretaría con el subsidio de $2.800 millones, del Fondo para el desarrollo regional (FNDR), lo que en palabras simples, son dineros que aportamos todos nosotros por la vía de los impuestos, y que bien podrían servir para resolver otras tantas necesidades urgentísimas, y que continúan sido postergadas, como la construcción de la ruta carretera de salida al sur, alternativa a la Avenida La Tirana .

Los recientes trabajos de mejoramiento de la carretera costera y de la vía Hospicio -Humberstone, que hemos pagado a un costo de unos $2.000 millones son un adelanto del subsidio que recibirán las empresas concesionarias, las que sólo tendrían que instalar las barreras y las casetas para cobrarnos el peaje, el que estaremos obligados de pagar, porque no habrá una carretera alternativa gratuita, para los habitantes de las caletas, para los buzos y pescadores eventuales, para cuando queramos ir a una playa el fin de semana, ni para los taxistas, ni siquiera para los bomberos, ni carabineros, que necesiten acudir a prestar algún servicio a la comunidad . Las autoridades y servicios gubernamentales, como en tantas oportunidades asumen el rol de fervientes voceros y gerentes de marketing de las grandes empresas privadas, dando los mismos argumentos de siempre: “un mejor servicio al público, que sólo la empresa privada puede proporcionar “.

La realidad hasta ahora ha sido distinta y nos golpea de manera brutal en nuestros bolsillos y calidad de vida. Cada una de las empresas y servicios públicos que han sido privatizados por la vía de las “concesiones”, desde los años 70 a la fecha, no han cumplido lo que prometieron, muy por el contrario.

La concesión y privatización de los servicios y empresas, antes de propiedad de todos los chilenos, se ha traducido para nosotros en : -mayor costo del servicio y desmejoramiento de su calidad.- en cobros indebidos de los que nadie responde, en deficientes condiciones de prestación y mantención del servicio, mala atención del usuario, en falta de rigurosidad en el cumplimiento de los contratos de servicios prestados, además del despido de trabajadores y desmejoradas condiciones laborales para quienes permanecen en la empresa una vez que pasa a manos concesionadas. ¿Los malos ejemplos locales: “Aguas del Altiplano”, “ELIQSA (Ex ENDESA), TELEFONICA (ex CTC), LAN – CHILE, FFCC del estado, Empresa pesquera IQUIQUE, etc? Mención aparte lo que ocurre con los cobros que sufren los santiaguinos con los cobros del “TAG” por utilizar las carreteras y vías concesionadas.

Los privados, las empresas chilenas y/o transnacionales, han demostrado ser pésimos prestadores de servicios públicos, pues en su afán de lucro al extremo, que termina en la codicia, no consideran el beneficio social implícito en toda actividad productiva –económica, y las autoridades y la clase política simplemente dejan hacer y lo fomentan, olvidando que su tarea esencial es la de defender los intereses de sus electores, de la ciudadanía, de su pueblo. El costo y las consecuencias de “crisis financiera internacional”, está siendo asumida finalmente por las capas medias y los más pobres del país. Los fundamentalistas del Gobierno, de la Concertación y de la Alianza, continúan apostando a un modelo económico neoliberal y en “el mercado, es el que debe regularlo todo”, que provoca cada vez más pobreza, más injusticia y que favorece la codicia que condenan de la boca para afuera. Se rehúsan siquiera a la idea de devolver al estado el rol que debe jugar, esto es, un estado más vigilante y regulador del mercado, con exigencias y normas de calidad y precios acordes que satisfagan realmente a los ciudadanos, consumidores y demandadores de servicios.

Una vez más, las organizaciones sociales y los ciudadanos, tendrán la última palabra, esa que las autoridades parecen escuchar sólo cuando ella se transforma en protesta y movilización social.

Arturo Neira V.

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